Cinco millones de pesos colombianos, un poco menos de mil setecientos euros es la recompensa que a través de la Policía del Valle ha ofrecido el estado colombiano para quien dé información sobre los sicarios que en la noche del pasado jueves asesinaron en Cali al estudiante universitario Julián Andrés Hurtado. De 25 años, Julián terminaba su carrera de atención prehospitalaria el próximo 13 de octubre. Simultáneamente cursaba Estudios Políticos y era Representante de los estudiantes ante el Consejo Superior de la universidad.
Julián Andrés entra a la larga lista de dirigentes estudiantiles colombianos asesinados durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
A sangre y fuego los paramilitares se están tomando las universidades colombianas. Buscan cercenar a un movimiento estudiantil que ha recuperado protagonismo en la organización y en la movilización por la defensa de la universidad pública, los derechos humanos y la soberanía nacional.

A punta de tanquetas y atentados criminales quieren acallar las voces de la protesta estudiantil, voces que en la pasada campaña electoral se levantaron irreverentes y sonoras cuando el candidato-presidente pretendió llegar con su discurso anticomunista a las aulas universitarias. Ante el fracaso, optó por seguir hablando desde los cuarteles.

Las universidades del Valle, de Antioquia, del Cauca, de Nariño, de Santander y la Nacional de Bogotá, entre otras, están hoy en los planes de asalto y muerte del paramilitarismo. Y de los seguimientos y provocaciones de agentes de los servicios secretos.

Esta situación reclama y exige que el país se pronuncie.

Que se movilice.

Y mientras a los soplones e informantes que trabajan con el estado les pagan todos los días centenares y miles de millones de pesos por señalar a supuestos terroristas, el estado colombiano ofrece cinco millones para quien informe sobre los asesinos de Julián Andrés.

Aunque nadie está reclamando que se ofrezcan recompensas.

Solo se reclama el derecho a la vida.

Nada más.